Editorial
Estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos en la segunda administración de Donald J. Trump
Boycott strategy against Cuban medical agreements during Donald J. Trump's second administration
La estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales tuvo su origen durante la administración de George W. Bush, como respuesta al surgimiento de la exportación de servicios de salud.(1,2) El autor la definió como el conjunto de acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos de América (EE. UU.), y otros actores, con el objetivo de dañar la imagen de esos acuerdos sanitarios y la del gobierno cubano, así como limitar la captación de ingresos, con el pretexto de que promueve la trata de personas. Tiene objetivos, principios, políticas, tácticas, componente comunicacional, actores, financiamiento, plan de acción, posicionamiento y un patrón.(2)
El gobierno de Donald J. Trump, durante su primer mandato (2017-2021) se caracterizó por una política de máxima presión y asfixia económica hacia Cuba, que incluyó el incremento de la persecución a las brigadas médicas cubanas (BMC). En ese período se priorizó el cierre de los convenios, como ocurrió en Brasil, El Salvador, Ecuador y Bolivia, entre 2018 y 2019.(1,2)
Coexistieron dos líneas de mensajes, contradictorias, en relación con los profesionales de la salud: son víctimas de trata de personas; y son agentes del gobierno cubano.(1,2) La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) entregó tres millones de dólares a organizaciones no gubernamentales (ONG) para documentar “violaciones a los derechos humanos de los médicos”.(3)
Los funcionarios del gobierno de EE. UU., en especial del Departamento de Estado, asumieron protagonismo de manera pública.(1,2) La política oficial se recogió en el texto “La verdad sobre las misiones médicas de Cuba”.(4) La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela, Carrie Filipetti, reconoció que estaban presionando a los gobiernos de los países con presencia de BMC para lograr su salida.(5) Otras medidas incluyeron presiones a la Organización Panamericana de la Salud (OPS)(6) y el retroceso de Cuba al peor nivel del “Informe sobre trata de personas”.(7)
La reactivación de la política de máxima presión y asfixia económica hacia Cuba
En sus dos arribos a la Casa Blanca, el presidente Donald J. Trump desmontó las medidas de sus predecesores, Barack Obama(1) y Joseph Biden, que beneficiaban a Cuba. Unas horas después de la ceremonia de investidura presidencial de 2025, volvió a catalogar al país como “patrocinador del terrorismo”,(8) hecho que confirmó la continuidad de su política de máxima presión y asfixia económica, implementada durante el primer mandato.(2)
Del anterior equipo repitió a Mauricio Claver-Carone, ahora como enviado especial para América Latina, lo que garantizó la línea dura anticubana; permaneció cuatro meses en el cargo(9) y aseguró que serían “más quirúrgicos, más efectivos”.(10) El nombramiento de Marco Rubio como Secretario de Estado ratificó que el tema de Cuba estaría en la agenda de política exterior; dijo que “gracias al liderazgo del presidente Trump, haremos que el régimen ilegítimo cubano rinda cuentas”.(11)
El curso oficial hacia el país quedó fijado en el “Memorando presidencial de seguridad nacional para fortalecer la política de EE. UU. hacia Cuba”, dirigido a poner “fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno”. Se prohibieron las transacciones financieras con “entidades controladas por las fuerzas militares” y se reforzó el “embargo económico”.(12) Algunas medidas implementadas durante 2025 fueron: restitución de la lista restringida de Cuba;(13) prohibición de entrada a EE. UU. al presidente cubano, otros ministros y funcionarios;(14) e imposición de nuevas condiciones para la entrada de embarcaciones procedentes de Cuba.(15)
Estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales
El 20 de enero de 2025, el mismo día que Donald J. Trump asumió la presidencia de EE. UU. por segunda ocasión, el Departamento de Estado anunció su postura hacia los convenios médicos cubanos en el texto “La trata de personas y el programa cubano de exportación de mano de obra”.(16) Un poco más adelante ratificó su posición en la nota titulada “La verdad sobre las misiones médicas de Cuba”,(17) que originalmente había sido divulgada durante la primera administración, aunque se incluyeron nuevos elementos.
La implementación de la estrategia de boicot contra los acuerdos sanitarios cubanos, se fundamentó mediante la identificación de sus principales atributos: objetivos, principios, políticas, tácticas, componente comunicacional, actores, financiamiento, plan de acción, posicionamiento y patrón.
Los dos objetivos, pese a la alegada preocupación por los derechos humanos de los profesionales de la salud, continuaron siendo el descrédito de los convenios médicos y del gobierno de Cuba, y la afectación a la entrada de las divisas captadas por la exportación de servicios de salud. Estos propósitos, sobre todo el segundo, forman parte de la política de asfixia económica.
Todas las acciones se hicieron sobre la base de los siguientes principios:
Cuba es enemigo de EE. UU., al ser “un régimen hostil”.(18)
Cuba patrocina el terrorismo.(19)
Cuba viola los derechos humanos.(20)
La incidencia de esas líneas de mensajes trascendió lo simbólico o comunicacional. EE. UU. se reservó el derecho de considerar a un gobierno como financiador del terrorismo y cómplice de la trata de personas, si acepta la presencia de una BMC en su territorio.
Todas las acciones se implementaron como parte de políticas estadounidenses:
Enfrentamiento a la trata de personas.
Aplicación de sanciones a los gobiernos con vínculos comerciales con Cuba.
Distinción a los gobiernos que acaten sus pautas.
Lo anterior conllevó la implementación de variadas tácticas. En relación con la trata de personas, durante la primera administración de Donald J. Trump, el Congreso modificó la Ley de Protección de las Víctimas de Trata, e incorporó “que los gobiernos también pueden actuar como tratantes de personas”.(21) Cuba fue categorizada en el peor nivel del “Informe sobre trata de personas”, de 2025 por “no cumplir plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no realizar esfuerzos significativos para lograrlo”.(22) Alegaron la existencia de “una política o patrón gubernamental de trabajo forzoso en el programa gubernamental de exportación de mano de obra, que incluía misiones médicas”. Se incluyó como elemento novedoso que el gobierno cubano estaba empleando a los profesionales, al margen de los convenios bilaterales, incluso en hospitales privados.(23)
Se realizó un muestreo en el informe, al acápite de 11 países con presencia de BMC, y en todos los casos se mencionó el convenio médico con Cuba, lo que constituyó una ampliación del tratamiento dado al tema, con fines sancionadores.(24-34)
Se apreció un cambio en los requerimientos planteados mediante presiones diplomáticas y de otra índole. Estas se dirigieron más al cambio de las condiciones del acuerdo, que a su cancelación. Solo en el muestreo mencionado, la mitad de los países recibieron como recomendación “contratar directamente a cualquier trabajador cubano”.(25,26,28,30,31) Esta nueva postura, aparentemente más empática, reconoce que en muchos países la situación sanitaria era compleja por el déficit de profesionales de la salud. Sin embargo, las presiones colocaron a los gobiernos en la encrucijada de revisar sus acuerdos sanitarios e introducir cambios; si el gobierno de Cuba no los aceptaba, sería responsabilizado con su cancelación.
La Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Persona del Departamento de Estado estableció sus directrices, entre las que sobresalen:(16,17)
Gobiernos de países receptores de BMC: realización de inspecciones laborales sorpresivas, no hacer pagos a Cuba y brindar atención a las víctimas de trata.
Profesionales cubanos de la salud: tener copia del contrato; la posibilidad de concluir su participación, con acceso a sus documentos; estar acompañados por sus familiares; recibir los pagos en una cuenta bancaria personal.
Gobierno cubano: modificación de sus normativas jurídicas migratorias y no retener los salarios de los trabajadores.
El 25 de febrero, el Departamento de Estado anunció “la ampliación de una política de restricción de visas” para todos los funcionarios vinculados a las BMC. Si bien la medida dio continuidad a otra aplicada durante la primera administración de Donald J. Trump contra directivos cubanos, su actualización incluyó a personal de cualquier país y sus familiares.(35) Esa medida se aplicó a personal de Venezuela,(35) Centroamérica,(36) África, Granada, Brasil y la OPS.(37)
En el mes de marzo, el Secretario de Estado, Marco Rubio, realizó una gira por Jamaica, Guyana y Surinam, en la que también sostuvo encuentros con los primeros ministros de Barbados, Trinidad y Tobago, y Haití.(38) Mauricio Claver-Carone aseguró que el asunto de los convenios médicos estaba en la agenda porque “en el Caribe el tema es especialmente relevante por su presencia histórica y prolongada”. Sugirió que, si los líderes de la región no aceptaban las directrices estadounidenses, “será una oportunidad desperdiciada. Porque, nuevamente, la gran oportunidad aquí es la seguridad energética, el desarrollo económico”.(39)
El 6 de mayo de 2025, Marco Rubio se reunió en Washington con los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Granada, y Bahamas. En el encuentro reafirmó “el compromiso de exigir responsabilidades a los funcionarios del régimen cubano, a los funcionarios de gobiernos extranjeros”.(40)
Los ejemplos mencionados corroboran las significativas presiones a las que fueron sometidos los países del Caribe. A continuación, se mencionan algunas reacciones:
Jamaica: “Funcionarios jamaicanos informaron que el acuerdo laboral con el régimen cubano finalizó y sigue pendiente de renegociación”.(30)
Guyana: El vicepresidente Bharrat Jagdeo, declaró: “Estamos trabajando para garantizar que quienes vengan desde Cuba cumplan con las definiciones establecidas por el Secretario de Estado de EE. UU.”.(41)
Bahamas: El ministro de Salud y Bienestar, Dr. Michael Darville, declaró al Parlamento la negociación de “nuevos términos contractuales con las agencias cubanas de reclutamiento” y aseguró que están “preparados para cancelar todos los acuerdos contractuales existentes y establecer contratos directos con los profesionales cubanos”.(41)
El Departamento de Estado reconoció públicamente a los gobiernos de Barbados, Guyana, Jamaica, y Trinidad y Tobago, por enfrentarse “al régimen cubano” y tratar “al personal médico con justicia y ética”.(17)
En el caso de la OPS se retomaron las presiones realizadas por el gobierno de Donald J. Trump durante su primer mandato.(1,2) En el Consejo Directivo 62 de la institución, el subsecretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Jim O´Neill, amenazó con retirar el financiamiento, lo que ya hicieron en el pasado, y dijo que su país “se compromete a hacer rendir cuentas a los cómplices” de Cuba, “incluida la OPS”.(42) En el evento no hubo presencia cubana, por la denegación de visas por EE. UU.(43)
El componente comunicacional fue permanente y contó con la contribución de todos los actores. A diferencia de lo ocurrido durante la primera administración de Donald J. Trump, en que se polarizó el tratamiento dado a la figura del profesional de la salud, como agente y víctima del gobierno cubano,(1,2) en el nuevo período predominó el segundo enfoque.
Tanto Marco Rubio, como Mauricio Claver-Carone, reconocieron en público a los miembros de las BMC.(39,44) El Secretario de Estado declaró: “No tenemos ningún problema con la asistencia médica, ni con los médicos. Tenemos un problema con cómo funciona el programa en todo el mundo”.(44) Mientras, el enviado especial para América Latina planteó que “el trabajo que han realizado en el Caribe, en Haití, es excelente; es extraordinario. Y eso debemos reconocerlo, y queremos hacerlo”.(39)
Los principales elementos empleados para desacreditar a los convenios sanitarios y al gobierno de Cuba son:(16,17,44)
Los profesionales son víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajo forzoso: son despojados de sus ingresos, les retiran los pasaportes, participan obligados, si abandonan el contrato individual se les impide regresar a Cuba durante ocho años, no tienen acceso a sus títulos.
El gobierno se enriquece mediante la comercialización y explotación de los profesionales de la salud; no se trata de asistencia humanitaria.
Si los gobiernos receptores de BMC no toman en cuenta los estándares estadounidenses para evitar la trata de personas, son cómplices de esta.
En menor medida, también se empleó como línea de mensaje que los profesionales carecen de competencias médicas, y que algunos han falsificados sus certificados.(16,17)
Si bien el gobierno de EE. UU. fue el que articuló, directa o indirectamente, al resto de los actores, no es el único con incidencia en la estrategia de boicot. Fue sobresaliente la participación de otros gobiernos y medios de comunicación, pero también de las ONG y los congresistas. En todas las denuncias y documentos del Departamento de Estado se citó como elemento probatorio una investigación de la ONG Prisoners Defenders, sobre violaciones a los derechos humanos de los profesionales de la salud, presentada como denuncia ante la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas.(16)
De igual manera, Cuba Archive y Foundation for Human Rights in Cuba, publicaron el informe “La misión internacionalista de Cuba en Jamaica: una colaboración preocupante”, en el que afirman que parte del dinero de la cooperación internacional del gobierno de EE. UU. financió indirectamente la presencia de la BMC.(45,46)
Los congresistas estadounidenses protagonizaron acciones de presión a su gobierno y a otros, realizaron denuncias públicas acompañadas de iniciativas legislativas. El 10 de marzo, Mark Green, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, presentaron una resolución de denuncia del “tráfico humano y la explotación laboral”. El último, al mes siguiente, exigió al Secretario de Estado la imposición de sanciones financieras contra gobiernos receptores de BMC.(47)
Los diputados de otros países, como México, mostraron coincidencias con sus homólogos de EE. UU., y en varios casos actuaron en coalición. En junio, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional exhortó a su gobierno “a abstenerse de contratar a profesionales de la salud de origen cubano”; reconoció el papel del gobierno estadounidense y aseguró que la presencia de la BMC respondió a “una operación política encubierta como un servicio de salud para financiar al régimen cubano”.(48)
Igualmente, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda al informe anual de política exterior, presentada por el eurodiputado español Antonio López-Istúriz White, en la que calificó a las BMC como forma de “esclavitud moderna” y “trabajo forzado”.(49)
Sobresalieron otros participantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Florida International University (FIU). La primera solicitó información a los países miembros, sobre los convenios médicos(50) y la segunda, organizó eventos de denuncia.(51,52)
Uno de los atributos más complejos de determinar fue el financiamiento, debido a que los actores lo enmascararon. En 2019, la USAID financió a ONG para que documentaran violaciones a los derechos humanos de los profesionales de la salud,(1,2) pero con el cierre de esa institución en 2025,(53) no se informó sobre los fondos dedicados a ese fin. Por ese motivo se escogió la realización del evento Cuba's Medical Missions and Anti-Trafficking Enforcement para explicar la manera compleja en que llega el dinero, y su empleo posterior. Fue patrocinado por Adam Smith Center for Economic Freedom, institución, que al pertenecer a la FIU es financiada por el gobernador de Florida y el gobierno federal.(54) El evento fue introducido por su director, Carlos Díaz-Rosillo, quien durante el primer mandato de Donald J. Trump se desempeñó como asesor del presidente, director de políticas públicas, y subsecretario de defensa para asuntos de seguridad internacional en el Pentágono.(55)
La reunión fue moderada por José Cárdenas, en representación de Foundation for Human Rights in Cuba, aunque ha ocupado cargos en el Departamento de Estado, la USAID, el Consejo de Seguridad Nacional y el Senado.(56) Esa ONG es financiada por el gobierno de EE. UU. y su principal objetivo es “cortar las fuentes de ingresos que se usan para reprimir al pueblo cubano”. De conjunto con esta administración en su primer mandato, patrocinó una demanda en la Corte Federal, contra la OPS por su participación en el programa Mais Médicos.(57) Otros participantes fueron Mary Vigil y Cindy Dyer, asesora principal de seguridad nacional en la Cámara de Representantes, y la exembajadora especial de EE. UU. para la trata de personas, respectivamente.(51,52)
Se puso de manifiesto la existencia de un plan de acción, que incluyó iniciativas permanentes, algunas de ellas con carácter periódico. Las primeras fueron declaraciones públicas, denuncias, abordaje del tema en encuentros bilaterales, publicación de artículos en medios de comunicación y presentación de propuestas legislativas. Las segundas incluyeron mención del tema en informes del Departamento de Estado.
El posicionamiento, como atributo de la estrategia de boicot, se refiere al aprovechamiento del contexto en función de conseguir sus objetivos. El regreso de Donald J. Trump a la presidencia se caracterizó por una política exterior basada en la confrontación, la aplicación de sanciones y el condicionamiento de la cooperación internacional al cumplimiento de estándares estadounidenses.(58) Sobresalió la imposición de aranceles a una gran cantidad de países, incluyendo aliados,(59) lo que evidenció correspondencia entre el discurso amenazante y su concreción en medidas, y que todos los país podían ser sancionados.
En su generalidad, las acciones contra los convenios sanitarios mostraron un patrón. El gobierno de EE. UU. presionó a los países con presencia de BMC y realizó otras acciones, como la inclusión del tema en informes, declaraciones de funcionarios y el condicionamiento de la cooperación internacional. De manera paralela, congresistas estadounidenses y de otros países realizaron declaraciones y propusieron iniciativas legislativas; los medios de comunicación dieron cobertura sistemática al tema, con enfoque negativo; y las ONG realizaron declaraciones de rechazo, conferencias, informes y otras iniciativas.
Tras el retorno de Donald J. Trump a la presidencia, se intensificó la estrategia de boicot contra los convenios médicos cubanos internacionales, en el contexto de una política exterior de máxima presión económica y una campaña comunicacional que presenta a los profesionales de la salud como víctimas de trata de personas. Esta estrategia, ejecutada mediante presiones diplomáticas, sanciones, condicionamiento de la cooperación internacional y la participación de ONG, congresistas y medios de comunicación, buscó sistemáticamente, descreditar al gobierno cubano, afectar sus ingresos por exportación de servicios de salud y forzar a los países receptores a modificar o cancelar sus acuerdos, bajo la amenaza de ser considerados cómplices de trabajo forzoso.
Omar Stainer Rivera Carbó1* https://orcid.org/0000-0002-8378-7464
1Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General de Planeamiento Político. La Habana, Cuba
*Correo electrónico: staineromar@gmail.com
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